jueves, 25 de septiembre de 2014

La pobreza por el retrovisor

Cuando hacemos una comparación entre los años iniciales de Gestión, a fines de los 80s, y la actualidad, encontramos grandes diferencias en la medición y resultados de la pobreza en el Perú.

En cuanto a su medición, hay tres grandes distinciones. Primera: a fines de los 80s se había perdido confianza en las estadísticas del INE de entonces, producto de la hiperinflación, crisis generalizada y sospechas de politización de su trabajo. Segunda, como fruto de esa crisis, el INE carecía de un mínimo de recursos razonables para producir mediciones de pobreza estadísticamente confiables. Por último, las metodologías de medición, especialmente de pobreza monetaria, todavía no tenían el consenso técnico ni político a nivel nacional o internacional. De hecho, las mediciones de pobreza de 1991 y 1994 las realizó CUANTO con recursos del Banco Mundial.

Hoy en día, el INEI ha recobrado credibilidad en su trabajo técnico y posee recursos presupuestales razonables para realizar prolijas encuestas anuales de condiciones de vida a una gran muestra de hogares del país. Asimismo, la metodología de la pobreza monetaria se ha consolidado mundialmente y su aplicación al caso peruano es monitoreada por un comité amplio de expertos del gobierno, la academia y la sociedad civil para asegurar la transparencia y comparabilidad de resultados.

En cuanto a resultados, las diferencias también son notables. Todas las estimaciones indican que la pobreza monetaria superaba el 50% de la población a fines de la década del 80s y que se ha reducido a la mitad desde entonces (23.9% es el último dato del 2013) cumpliéndose con el Objetivo de Desarrollo del Milenio establecido en 1990 para lograrse en el 2015.

La disponibilidad virtual de las bases de datos para su uso abierto y gratuito ha permitido múltiples estudios que han establecido, por ejemplo, que hasta tres cuartas partes de dicha reducción de pobreza se deben al robusto crecimiento económico logrado, gracias a unas políticas económicas sensatas y estables.

La proporción restante se puede atribuir a políticas sociales consolidadas con programas de transferencias monetarias condicionadas a la inversión en capital humano. Aunque con las dificultades propias de nuestra debilidad institucional y aprovechamiento político, algunos de estos programas se han mantenido durante varios gobiernos mostrando una incipiente profesionalización en las políticas sociales.

Hacia futuro, retos importantes son la medición robusta de la pobreza multidimensional y su aplicación a las diversas políticas públicas, así como mejorar las políticas de aumento de productividad laboral para terminar de sacar de la pobreza a esa cuarta parte de peruanos que todavía la sufre.

Publicado en Suplemento de Aniversario de Gestión el 25 de setiembre 2014

Entrevista en La Hora N: Rigidez del Mercado Laboral

lunes, 8 de septiembre de 2014

¡Crecen los embarazos adolescentes!

En medio de la mejor década económica que ha tenido el país, y una reducción notable de la pobreza, un grave problema social ha persistido: la prevalencia de embarazos adolescentes, que ha pasado de afectar a 12.7% de jovencitas en el año 2004 a impactar a 13.9% de adolescentes en 2013. Este deterioro ha sido remarcado hace poco en primera plana de Peru.21, pero no ha causado mayor impacto en nuestra sociedad, lo cual es en sí mismo otro indicador alarmante.

Según las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar, la tasa de embarazos adolescentes en Lima pasó de 4.4% en 1991/92 a 10.6% en 2013, mientras que en el resto de la Costa creció de 10.8% a 15.4% en el mismo periodo. Sin embargo, regiones de Selva como Loreto y Madre de Dios y predominantemente rurales como Ayacucho siguen concentrando las mayores prevalencias con niveles superiores al 30% (es decir, ¡una de cada tres adolescentes ya ha tenido embarazos en dichas zonas del país!). 

Los embarazos adolescentes, sobre todo en entornos de escasos recursos económicos y alta vulnerabilidad familiar, causan abandonos tempranos e irreversibles de la escolaridad, riesgos de complicaciones durante el embarazo, parto y postparto, y una gran probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza.

¿Cómo abordar esta problemática? En un estudio para el MIDIS sobre niñez y adolescencia indicábamos que resulta clave mejorar el acceso, permanencia y culminación de la escuela secundaria, sobre todo inculcando proyectos de vida positivos. Asimismo, influir en postergar la edad de inicio de la actividad sexual, con campañas eficaces de comunicación social, ampliar el acceso a servicios sexuales diferenciados, y disminuir la violencia física y sexual que afecta a las adolescentes.

Se necesita incluir efectivamente la educación sexual integral en los currículos de escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, la mayoría de profesores y tutores no se sienten preparados para abordar este tema. Falta mucha capacitación y materiales audiovisuales claros, didácticos y pertinentes para el lenguaje e interés de niños y adolescentes. La consejería y orientación debe poder realizarse de manera grupal en los salones de clase y de manera individual en ambientes y momentos adecuados de privacidad, tales como los “centros de escucha” que existen en algunas localidades.

En el caso de los establecimientos de salud, existe consenso entre especialistas que los adolescentes requieren de servicios sexuales diferenciados, especialmente dirigidos para ellos, a fin de poder acercarse sin temor de ser estigmatizados o discriminados. Se les debe ofrecer espacios exclusivos y horarios adecuados a cargo de personal especialmente capacitado.

También existen barreras legales absurdas que impiden su atención. De acuerdo a la Ley General de Salud, los adolescentes están impedidos de acudir a los establecimientos de salud a solicitar una consulta sin que estén acompañados de sus padres o que éstos hayan firmado una autorización explícita.
Por último, la violencia física y sexual también forma parte de la compleja trama de causantes de la alta prevalencia de embarazos juveniles en varias regiones, y tiene que ser combatida con proactivos servicios de defensa de derechos de los niños y adolescentes en todos los rincones del país.


Publicado en El Comercio el 17 de setiembre 2014