A pesar de las malas noticias provenientes del exterior, dos de cada tres peruanos no le teme aún a una nueva crisis económica mundial. Los problemas que más preocupan internamente son la persistente desigualdad y pobreza, la corrupción en todos los niveles del Estado, y la inseguridad ciudadana. Un reciente estudio que realizara con Ricardo Montero en el CIUP, bajo el auspicio del CIES, exploró de manera cuantitativa la relación entre los dos primeros temas, empleando al uso de servicios públicos como eje de análisis.
Cada ciudadano que tiene que realizar algún trámite en una dependencia estatal termina usualmente mortificado por las largas colas, por el trato descortés o simple maltrato de los funcionarios públicos y, en muchos casos, por el requerimiento de coimas para “agilizar” o hacer efectivo el servicio: 30% de los encuestados a nivel nacional reveló haber pagado coimas a miembros de la Policía Nacional y otro 8% indicó haber hecho lo mismo en las instituciones del Poder Judicial.
Encontramos que los pobres son doblemente castigados: no solo tienen menor acceso a los servicios públicos básicos, sino que gastan una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas. Por ejemplo, en el caso de la policía, la coima promedio fue equivalente a 12% de los ingresos per capita mensuales en el quintil (20%) mas pobre de la población, mientras que representó 3% de los mismos en el quintil más rico de peruanos.
Por tanto, la simplificación administrativa no solo es buena para reducir los costos de transacción y aumentar la competitividad de nuestra economía, sino también para disminuir la carga inequitativa que pesa sobre las familias pobres del país. La implementación extensiva del gobierno electrónico resulta una alternativa válida para reducir drásticamente los espacios de corrupción, gracias al avance y abaratamiento de la tecnología de la información.
La informatización de todos los procesos y trámites posibles en las instituciones públicas rebajaría sustancialmente las instancias de contacto directo del ciudadano con los funcionarios y el poder de discrecionalidad de estos últimos. También son imprescindibles sanciones más severas a los servidores estatales que cometen actos de corrupción, tales como penas de prisión efectiva e inhabilitación permanente del ejercicio de la función pública.
Artículo para El Comercio, 17 de octubre de 2011
jueves, 20 de octubre de 2011
viernes, 23 de septiembre de 2011
Impresiones desde Shanghai
La economía china ha crecido a un ritmo de 9% anual en más de tres décadas, otro “milagro económico” asiático en la última mitad de siglo. Algunos analistas se preguntan si este acelerado crecimiento puede continuar indefinidamente, mientras que otros se esperanzan en que siga así por el bien de la alicaída economía mundial actual.
Hace poco estuve en Shanghai, el centro empresarial más importante de China, y, por las impresiones que pude recoger, el desarrollo chino tiene para rato. La teoría económica indica que las altas tasas de crecimiento dependen de elevados niveles de inversión en capital físico y humano, políticas promuevan la competitividad, y el desarrollo de mejoras tecnológicas que aumenten la productividad.
La economía china tiene niveles de ahorro e inversión superiores al 40% de su PBI que aseguran una envidiable infraestructura. Los innumerables viaductos que atraviesan Shanghai, dos mega-aeropuertos internacionales, uno de los puertos con más tráfico mundial, múltiples rascacielos de oficinas y viviendas, y diez modernísimas líneas de metro, así lo demuestran.
Por otro lado, el reciente examen PISA para estudiantes de 15 años comprueba el ascenso chino en capital humano: los jóvenes de Shanghai ocuparon el primer lugar en el mundo en matemáticas y comprensión lectora, sobrepasando a los casos de éxito de Finlandia y Corea. Otro dato más: visitamos un sábado muy temprano un gigantesco Museo de Ciencia y Tecnología, esperando encontrarlo semivacío. Miles de familias ya estaban haciendo cola para disfrutar de los últimos avances científicos en un ambiente lúdico e interactivo para niños, jóvenes y adultos.
China tiene asignaturas pendientes en relación a las libertades políticas y de expresión y el acceso a información. Una guía turística local me decía que todavía hay temas de conversación que son preferibles evitar. Sin embargo, en cuanto al avance económico, hay mucho que aprender y emular. En uno de los vagones del metro observaba a unos adolescentes chinos divirtiéndose con sus aparatos de multimedia. Grande fue mi sorpresa al descubrir que estaban jugando con pruebas de razonamiento matemático. ¡Este es el tipo de sana y productiva diversión que deberíamos inculcar en nuestros niños!
Artículo para El Comercio, 20 de setiembre de 2011
Hace poco estuve en Shanghai, el centro empresarial más importante de China, y, por las impresiones que pude recoger, el desarrollo chino tiene para rato. La teoría económica indica que las altas tasas de crecimiento dependen de elevados niveles de inversión en capital físico y humano, políticas promuevan la competitividad, y el desarrollo de mejoras tecnológicas que aumenten la productividad.
La economía china tiene niveles de ahorro e inversión superiores al 40% de su PBI que aseguran una envidiable infraestructura. Los innumerables viaductos que atraviesan Shanghai, dos mega-aeropuertos internacionales, uno de los puertos con más tráfico mundial, múltiples rascacielos de oficinas y viviendas, y diez modernísimas líneas de metro, así lo demuestran.
Por otro lado, el reciente examen PISA para estudiantes de 15 años comprueba el ascenso chino en capital humano: los jóvenes de Shanghai ocuparon el primer lugar en el mundo en matemáticas y comprensión lectora, sobrepasando a los casos de éxito de Finlandia y Corea. Otro dato más: visitamos un sábado muy temprano un gigantesco Museo de Ciencia y Tecnología, esperando encontrarlo semivacío. Miles de familias ya estaban haciendo cola para disfrutar de los últimos avances científicos en un ambiente lúdico e interactivo para niños, jóvenes y adultos.
China tiene asignaturas pendientes en relación a las libertades políticas y de expresión y el acceso a información. Una guía turística local me decía que todavía hay temas de conversación que son preferibles evitar. Sin embargo, en cuanto al avance económico, hay mucho que aprender y emular. En uno de los vagones del metro observaba a unos adolescentes chinos divirtiéndose con sus aparatos de multimedia. Grande fue mi sorpresa al descubrir que estaban jugando con pruebas de razonamiento matemático. ¡Este es el tipo de sana y productiva diversión que deberíamos inculcar en nuestros niños!
Artículo para El Comercio, 20 de setiembre de 2011
lunes, 29 de agosto de 2011
Vocación temprana y arrepentimiento tardío
Muchos jóvenes, a punto de egresar la educación secundaria, deben tomar pronto una de las decisiones más importantes en sus vidas: continuar con una educación superior o ingresar al mercado laboral. Parece una sola y sencilla elección, pero implica una cadena compleja de opciones. Continuar estudiando depende en gran medida del apoyo económico familiar que no siempre está disponible. Así, en el 40% más pobre de la población peruana, menos del 15% de jóvenes puede continuar con estudios superiores, por lo que hacen falta más programas de becas y créditos sostenibles para los mejores alumnos en desventaja económica. Nuestra investigación con Juan F. Castro también demuestra que las habilidades cognitivas y socio-emocionales adquiridas a lo largo de la infancia y adolescencia influyen en una transición exitosa a la educación superior. La siguiente decisión es optar por una profesión técnica en un instituto o una carrera universitaria. Asimismo, elegir una institución pública o privada. Finalmente, decidir qué especialidad estudiar y a qué institución específica dedicarle los próximos años de la juventud.
Una encuesta reciente del Banco Mundial encontró, sorprendentemente, que el 78% de los peruanos decide la carrera universitaria solo por vocación. Un reducido 13% lo hace por las perspectivas de empleo que ofrece. Estos datos revelan insuficiente información y consejería vocacional en los jóvenes. Prueba de ello es que, años después, la mitad de los adultos profesionales se arrepiente de la carrera e institución superior en la que invirtieron (es decir, si tuvieran la oportunidad de volver a empezar, escogerían una carrera distinta o una institución diferente).
El nuevo gobierno debe implementar un sistema nacional de información laboral y consejería vocacional que oriente con información objetiva a los jóvenes, sobretodo de escasos recursos. Idealmente, la elección de la carrera tiene que conjugar y balancear elementos de aptitud, vocación y empleabilidad futura. Asimismo, tal como se indicara en el reciente Mensaje Presidencial, la nueva administración debe acelerar los procesos de acreditación de calidad de todas las instituciones superiores para que los jóvenes tomen mejores decisiones basadas en la calidad y pertinencia comprobadas de las universidades e institutos del país.
Artículo para El Comercio del 24 de agosto de 2011
Una encuesta reciente del Banco Mundial encontró, sorprendentemente, que el 78% de los peruanos decide la carrera universitaria solo por vocación. Un reducido 13% lo hace por las perspectivas de empleo que ofrece. Estos datos revelan insuficiente información y consejería vocacional en los jóvenes. Prueba de ello es que, años después, la mitad de los adultos profesionales se arrepiente de la carrera e institución superior en la que invirtieron (es decir, si tuvieran la oportunidad de volver a empezar, escogerían una carrera distinta o una institución diferente).
El nuevo gobierno debe implementar un sistema nacional de información laboral y consejería vocacional que oriente con información objetiva a los jóvenes, sobretodo de escasos recursos. Idealmente, la elección de la carrera tiene que conjugar y balancear elementos de aptitud, vocación y empleabilidad futura. Asimismo, tal como se indicara en el reciente Mensaje Presidencial, la nueva administración debe acelerar los procesos de acreditación de calidad de todas las instituciones superiores para que los jóvenes tomen mejores decisiones basadas en la calidad y pertinencia comprobadas de las universidades e institutos del país.
Artículo para El Comercio del 24 de agosto de 2011
lunes, 1 de agosto de 2011
Salario mínimo diferenciado
El salario mínimo debe servir como piso salarial para proteger a los trabajadores más vulnerables de toda sociedad. Este fin debe conciliarse con la realidad de cada mercado laboral para que no ocasione mayor desempleo e informalidad. El salario mínimo peruano (RMV) de S/. 600 mensuales (equivalente a 50.4% del PBI per capita) ya está, en términos relativos, por encima del chileno (39.5% de su PBI per capita) y brasileño (38.0% de su PBI per capita). Asimismo, nuestra RMV equivale al 60% de la remuneración promedio, casi el doble comparado a Estados Unidos (32.4% de su salario medio). También superamos a Inglaterra (su mínimo es la mitad del salario medio). Por tanto, no resulta viable un aumento generalizado de la RMV en el Perú ahora.
Sin embargo, la gran heterogeneidad de productividad, ingresos y costo de vida en el Perú, y la expectativa generada sobre un reajuste en la RMV en el más breve plazo, nos llevan a plantear un sistema diferenciado de salarios mínimos de aplicación escalonada en los próximos cinco años (atendiendo las realidades distintas de las 8 categorías que aparecen a continuación). Proponemos como criterio que la RMV no debiera superar al 50% de la remuneración promedio de cada categoría.
La RMV actual es más alta que el máximo factible para todos los jóvenes y para adultos en micro, pequeñas y medianas empresas. Este 28 de julio sólo se debiera incrementar la RMV para adultos en empresas con más de 100 trabajadores. Considerando el crecimiento futuro de productividad y salarios, a partir del 2013 se podría incrementar la RMV de adultos en micro, pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana. Sin embargo, en el caso de los jóvenes, se debiera mantener el piso de S/.600 hasta que se equipare al 50% de su ingreso promedio. De esta manera, en forma escalonada y de manera transparente y realista, se arribará en el mediano plazo a una estructura diferenciada de salarios mínimos, económica y socialmente viables para el país.
Artículo para El Comercio, 26 de julio de 2011
Sin embargo, la gran heterogeneidad de productividad, ingresos y costo de vida en el Perú, y la expectativa generada sobre un reajuste en la RMV en el más breve plazo, nos llevan a plantear un sistema diferenciado de salarios mínimos de aplicación escalonada en los próximos cinco años (atendiendo las realidades distintas de las 8 categorías que aparecen a continuación). Proponemos como criterio que la RMV no debiera superar al 50% de la remuneración promedio de cada categoría.
La RMV actual es más alta que el máximo factible para todos los jóvenes y para adultos en micro, pequeñas y medianas empresas. Este 28 de julio sólo se debiera incrementar la RMV para adultos en empresas con más de 100 trabajadores. Considerando el crecimiento futuro de productividad y salarios, a partir del 2013 se podría incrementar la RMV de adultos en micro, pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana. Sin embargo, en el caso de los jóvenes, se debiera mantener el piso de S/.600 hasta que se equipare al 50% de su ingreso promedio. De esta manera, en forma escalonada y de manera transparente y realista, se arribará en el mediano plazo a una estructura diferenciada de salarios mínimos, económica y socialmente viables para el país.
Artículo para El Comercio, 26 de julio de 2011
viernes, 1 de julio de 2011
Evitemos una generación “copiar y pegar”
La juventud actual tiene una serie de virtudes asociadas a su nacimiento en pleno auge de las tecnologías de la información. Son los primeros “nativos digitales” porque desde temprana edad maniobran la PC para jugar en el ciberespacio. Son una generación “multitarea” que simultáneamente hace sus tareas escolares o universitarias, chatea en el Facebook, mira su cuenta de Twitter, responde e-mails, escucha música en un Ipod, mientras, aparentemente, comparte una conversación con sus padres. Los jóvenes de hoy están siempre conectados, en tiempo real, con miles de conocidos y desconocidos del Perú y el mundo. Por último, tienen todo el conocimiento de la humanidad al alcance de un click, pues Google y otros buscadores superan a la mejor biblioteca física del mundo, almacenando y buscando el conocimiento acumulado al instante.
Sin embargo, también hay grandes limitaciones y retos inherentes a los jóvenes de hoy. El nuevo conocimiento va desplazando de manera acelerada la sabiduría anterior a un ritmo de 20% al año. El joven que no se actualiza constantemente será fácilmente desplazado por otros más jóvenes aún y aquellos que aprendieron a aprender para toda la vida. Asociada a la realización de muchas tareas simultáneas, sin mayor profundización, aparecen los grandes déficits de atención y concentración. Empiezan a escasear los individuos con razonamiento crítico y capacidad de reflexión, que son los más buscados laboralmente.
Quizás el síndrome más emblemático de la actual generación es esa propensión casi instintiva a “copiar y pegar” el primer texto que aparece en el buscador, sin preguntarse si es verdadero, falso o incierto ni respetar la autoría intelectual del mismo. Muchos jóvenes sobreentienden, o malentienden, que todo texto disponible en el Internet es “propiedad pública” y que puede copiarse sin reconocer que cometen una grave falta ética al apropiarse de un producto ajeno. Tenemos que evitar este mal desde la formación y educación temprana. Necesitamos individuos juiciosos y reflexivos que utilicen, ética y creativamente, las grandes herramientas a su alcance.
Artículo para El Comercio, 27 de junio de 2011
Sin embargo, también hay grandes limitaciones y retos inherentes a los jóvenes de hoy. El nuevo conocimiento va desplazando de manera acelerada la sabiduría anterior a un ritmo de 20% al año. El joven que no se actualiza constantemente será fácilmente desplazado por otros más jóvenes aún y aquellos que aprendieron a aprender para toda la vida. Asociada a la realización de muchas tareas simultáneas, sin mayor profundización, aparecen los grandes déficits de atención y concentración. Empiezan a escasear los individuos con razonamiento crítico y capacidad de reflexión, que son los más buscados laboralmente.
Quizás el síndrome más emblemático de la actual generación es esa propensión casi instintiva a “copiar y pegar” el primer texto que aparece en el buscador, sin preguntarse si es verdadero, falso o incierto ni respetar la autoría intelectual del mismo. Muchos jóvenes sobreentienden, o malentienden, que todo texto disponible en el Internet es “propiedad pública” y que puede copiarse sin reconocer que cometen una grave falta ética al apropiarse de un producto ajeno. Tenemos que evitar este mal desde la formación y educación temprana. Necesitamos individuos juiciosos y reflexivos que utilicen, ética y creativamente, las grandes herramientas a su alcance.
Artículo para El Comercio, 27 de junio de 2011
miércoles, 1 de junio de 2011
Pobreza a dos ritmos
Tal como podía esperarse de un crecimiento económico de casi 9% registrado el año pasado, la pobreza se redujo en tres puntos porcentuales hasta situarse en 31.3% en el 2010. Este promedio nacional sigue escondiendo contrastes muy marcados. Así, el porcentaje de pobres en Lima Metropolitana asciende a 12.8%, mientras que en la Sierra Rural se eleva a 61.2% (¡casi 5 veces más!) y en Huancavelica alcanza al 66.1% de su población.
Pero las disparidades no son sólo en la “fotografía del momento”, sino que también suceden “durante toda la película”, es decir, en la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo. Los resultados recientes permiten una mirada de mediano plazo, con una metodología estadísticamente comparable. Dicho análisis tiene ventajas indudables para captar tendencias, porque está menos afectado por variaciones coyunturales en los ingresos y gastos de las familias.
Están operando dos ritmos muy distintos de superación de la miseria en el país. Mientras que en las zonas urbanas la pobreza cayó prácticamente a la mitad, de 37.1% a 19.1%, en sólo un quinquenio (y en Lima se redujo en casi dos tercios), en las zonas rurales disminuyó no mas de un quinto, de 69.8% a 54.2%, y en la Sierra Rural pasó de 75.8% a 61.2%.
Las cifras demuestran que el crecimiento de la economía de mercado reduce sustancialmente la pobreza en zonas integradas a la misma, como son la capital y el resto de ciudades grandes y medianas de todo el país. Mientras tanto, las zonas rurales dispersas e históricamente aisladas necesitan de mucho más apoyo estatal efectivo para salir de la pobreza. Caso contrario, los votos y protestas “antisistema” seguirán poniendo en riesgo todo lo conseguido y por conseguirse en cada elección nacional, regional y local futura.
El Estado tiene que ser más eficaz en mejorar las oportunidades para estas poblaciones, proveyéndolas de capital humano de calidad e infraestructura económica para integrarse al mercado nacional y mundial. No podemos aspirar a ser una Economía del Primer Mundo con un Estado del Tercer Mundo.
Se necesita, al mismo tiempo, preservar el ritmo de generación de riqueza y empleo que produce la inversión privada, con el modelo macroeconómico vigente, y un cambio sustancial en la efectividad del Estado en materia de políticas microeconómicas y sociales.
Artículo para El Comercio, 30 de mayo de 2011
Pero las disparidades no son sólo en la “fotografía del momento”, sino que también suceden “durante toda la película”, es decir, en la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo. Los resultados recientes permiten una mirada de mediano plazo, con una metodología estadísticamente comparable. Dicho análisis tiene ventajas indudables para captar tendencias, porque está menos afectado por variaciones coyunturales en los ingresos y gastos de las familias.
Están operando dos ritmos muy distintos de superación de la miseria en el país. Mientras que en las zonas urbanas la pobreza cayó prácticamente a la mitad, de 37.1% a 19.1%, en sólo un quinquenio (y en Lima se redujo en casi dos tercios), en las zonas rurales disminuyó no mas de un quinto, de 69.8% a 54.2%, y en la Sierra Rural pasó de 75.8% a 61.2%.
Las cifras demuestran que el crecimiento de la economía de mercado reduce sustancialmente la pobreza en zonas integradas a la misma, como son la capital y el resto de ciudades grandes y medianas de todo el país. Mientras tanto, las zonas rurales dispersas e históricamente aisladas necesitan de mucho más apoyo estatal efectivo para salir de la pobreza. Caso contrario, los votos y protestas “antisistema” seguirán poniendo en riesgo todo lo conseguido y por conseguirse en cada elección nacional, regional y local futura.
El Estado tiene que ser más eficaz en mejorar las oportunidades para estas poblaciones, proveyéndolas de capital humano de calidad e infraestructura económica para integrarse al mercado nacional y mundial. No podemos aspirar a ser una Economía del Primer Mundo con un Estado del Tercer Mundo.
Se necesita, al mismo tiempo, preservar el ritmo de generación de riqueza y empleo que produce la inversión privada, con el modelo macroeconómico vigente, y un cambio sustancial en la efectividad del Estado en materia de políticas microeconómicas y sociales.
Artículo para El Comercio, 30 de mayo de 2011
lunes, 30 de mayo de 2011
El mercado y la regulación de la educación superior en el Perú
No cabe duda que una educación superior de calidad y pertinencia, que provea al país de profesionales y tecnólogos competitivos en todos los campos, es clave para sostener el proceso de desarrollo económico y social en el que estamos todos involucrados. Sin embargo, la educación superior en el Perú está conformada por universidades e institutos muy heterogéneos en cuanto a la calidad de la formación que imparten y en su vinculación con las necesidades de nuestras empresas y organizaciones sociales.
De acuerdo a la teoría económica, los servicios educativos, sobretodo aquellos en el nivel superior, pueden ser considerados como “bienes experiencia”. La calidad y pertinencia de estos bienes o servicios es difícil de percibir por adelantado, y sólo se revelan con precisión luego de la experiencia de su consumo efectivo por parte de la sociedad (en el caso de una profesión universitaria o técnica, esto significa entre 3 a 8 años después del inicio de la formación).
Para que el mercado funcione adecuadamente en estos ámbitos, las mejores prácticas internacionales recomiendan la provisión a todos los interesados de abundante información, acerca de la calidad de la formación y la empleabilidad de los egresados, y algún grado de regulación de la oferta, sobre todo en el caso de la apertura de nuevas entidades (para asegurar ex ante un mínimo razonable de calidad y pertinencia del servicio a ofrecerse, en ausencia de información sobre egresados durante los primeros años de funcionamiento).
Luego del fracaso de las economías centralmente planificadas, han pasado a mejor vida los sistemas de planificación milimétrica de las cantidades de vacantes que debían ofrecerse en las distintas carreras, con el fin idealista de evitar supuestas saturaciones o escaseces en el mercado laboral. Por el contrario, actualmente se confía más en las señales y la dinámica del mercado y se les complementa con sistemas reconocidos de acreditación de la calidad académica, que pueden ser procedimientos voluntarios u obligatorios para las universidades y facultades, según la preferencia mayor o menor por las reglas de asignación de recursos por el mercado.
Por ejemplo, en el caso del Perú, está vigente una ley que crea un sistema de acreditación (aún en implementación) y que la establece como obligatoria para las carreras de educación y ciencias de la salud y como voluntaria para todos los demás campos de la formación superior. Mi opción personal al respecto es por una acreditación voluntaria con incentivos y premios (por ejemplo, financiamiento para investigaciones, becas y préstamos para estudiantes, etc.) para quienes la realicen y obtengan el sello de calidad.
En los últimos meses, salieron a la palestra casos de universidades peruanas y facultades de dudosa calidad, entrelazados con escándalos políticos y hasta judiciales. La reacción efectista inmediata fue proponer que se suspendiera la apertura de nuevas universidades para evitar la proliferación de más universidades e institutos de mala calidad. Más recientemente, se ha sugerido prohibir la constitución de nuevas facultades de derecho en el país, en vista de la supuesta saturación del mercado y el exceso de oferta de abogados en todo el Perú.
Como ha quedado demostrado en el mundo entero, los controles cuantitativos para la educación superior no son una buena opción de política. Es iluso pensar que existen planificadores centrales iluminados que puedan adivinar mejor que el mercado las necesidades presentes y futuras del país. La experiencia de muy buenos colegios (y universidades e institutos) privados aparecidos en la última década en el país indican claramente que el dilema no es prohibir o no la aparición de nueva oferta. La mejor decisión política pasa por garantizar la calidad de la formación, por el lado de la acreditación, y por proveer de mayor y mejor información al mercado para la toma de decisiones adecuada, por el lado de los jóvenes y sus familias.
Tomemos el caso de la carrera de Derecho. En primer lugar, no queda claro que realmente exista la saturación flagrante de abogados en el país. En un estudio reciente sobre los retornos a la educación superior en el mercado laboral peruano, encontramos que los abogados figuraban en el tercio superior de las profesiones mejor remuneradas en el país (quinto lugar) con más de mil dólares de ingresos netos mensuales promedio. Asimismo, calculamos que el 87% de los abogados estaban empleados en ocupaciones profesionales afines a su carrera y que sólo 11% estaba subempleado profesionalmente y un 1% se encontraba totalmente desempleado (estos porcentajes se comparan muy favorablemente en relación al resto de profesionales peruanos que ostentan un 29% promedio de subempleo y 4% de desempleo abierto). Cabe anotar, adicionalmente, que estos estimados fueron realizados con datos de la primera mitad de la década del 2000, es decir, antes del ciclo de crecimiento económico enorme que ha tenido la economía peruana y que debe haber mejorado aún más los indicadores de desempeño profesional de los abogados bien formados en el país.
En segundo lugar, es probable que, ante la ausencia de una opción técnica superior en el ámbito jurídico, en muchos casos se estén empleando abogados para la tramitación de una infinidad de procedimientos que los podría realizar eficientemente un técnico jurídico con tres años de formación teórico práctica. En este caso, el problema sería más bien la rigidez con que se maneja el menú de profesiones técnicas autorizadas por el Ministerio de Educación para ofrecerse en los institutos superiores.
En resumen, la medida de prohibir toda nueva oferta de profesionales para evitar que aparezcan malos egresados suena eficaz, pero es totalmente inadecuada desde el punto de vista económico, porque es como prohibir la filmación de nuevas películas porque se detectaron algunas películas de mala calidad. Existen y existirán siempre nuevos proyectos de educación superior muy buenos y muy malos.
Dejemos que sea el mercado y los consumidores quienes, provistos de toda la información sobre la calidad y pertinencia del caso, tomen sus decisiones libremente y premien con mayor matrícula a las universidades e institutos que hacen mejor el trabajo de detectar las demandas presentes y futuras del sector productivo y castiguen con aulas vacías a las entidades que tienden a “estafar” con carreras poco empleables a muchos jóvenes poco informados.
Artículo preparado para el Blog “El Cristal Roto” de la Facultad de Derecho de la UP, 3 de junio del 2010.
De acuerdo a la teoría económica, los servicios educativos, sobretodo aquellos en el nivel superior, pueden ser considerados como “bienes experiencia”. La calidad y pertinencia de estos bienes o servicios es difícil de percibir por adelantado, y sólo se revelan con precisión luego de la experiencia de su consumo efectivo por parte de la sociedad (en el caso de una profesión universitaria o técnica, esto significa entre 3 a 8 años después del inicio de la formación).
Para que el mercado funcione adecuadamente en estos ámbitos, las mejores prácticas internacionales recomiendan la provisión a todos los interesados de abundante información, acerca de la calidad de la formación y la empleabilidad de los egresados, y algún grado de regulación de la oferta, sobre todo en el caso de la apertura de nuevas entidades (para asegurar ex ante un mínimo razonable de calidad y pertinencia del servicio a ofrecerse, en ausencia de información sobre egresados durante los primeros años de funcionamiento).
Luego del fracaso de las economías centralmente planificadas, han pasado a mejor vida los sistemas de planificación milimétrica de las cantidades de vacantes que debían ofrecerse en las distintas carreras, con el fin idealista de evitar supuestas saturaciones o escaseces en el mercado laboral. Por el contrario, actualmente se confía más en las señales y la dinámica del mercado y se les complementa con sistemas reconocidos de acreditación de la calidad académica, que pueden ser procedimientos voluntarios u obligatorios para las universidades y facultades, según la preferencia mayor o menor por las reglas de asignación de recursos por el mercado.
Por ejemplo, en el caso del Perú, está vigente una ley que crea un sistema de acreditación (aún en implementación) y que la establece como obligatoria para las carreras de educación y ciencias de la salud y como voluntaria para todos los demás campos de la formación superior. Mi opción personal al respecto es por una acreditación voluntaria con incentivos y premios (por ejemplo, financiamiento para investigaciones, becas y préstamos para estudiantes, etc.) para quienes la realicen y obtengan el sello de calidad.
En los últimos meses, salieron a la palestra casos de universidades peruanas y facultades de dudosa calidad, entrelazados con escándalos políticos y hasta judiciales. La reacción efectista inmediata fue proponer que se suspendiera la apertura de nuevas universidades para evitar la proliferación de más universidades e institutos de mala calidad. Más recientemente, se ha sugerido prohibir la constitución de nuevas facultades de derecho en el país, en vista de la supuesta saturación del mercado y el exceso de oferta de abogados en todo el Perú.
Como ha quedado demostrado en el mundo entero, los controles cuantitativos para la educación superior no son una buena opción de política. Es iluso pensar que existen planificadores centrales iluminados que puedan adivinar mejor que el mercado las necesidades presentes y futuras del país. La experiencia de muy buenos colegios (y universidades e institutos) privados aparecidos en la última década en el país indican claramente que el dilema no es prohibir o no la aparición de nueva oferta. La mejor decisión política pasa por garantizar la calidad de la formación, por el lado de la acreditación, y por proveer de mayor y mejor información al mercado para la toma de decisiones adecuada, por el lado de los jóvenes y sus familias.
Tomemos el caso de la carrera de Derecho. En primer lugar, no queda claro que realmente exista la saturación flagrante de abogados en el país. En un estudio reciente sobre los retornos a la educación superior en el mercado laboral peruano, encontramos que los abogados figuraban en el tercio superior de las profesiones mejor remuneradas en el país (quinto lugar) con más de mil dólares de ingresos netos mensuales promedio. Asimismo, calculamos que el 87% de los abogados estaban empleados en ocupaciones profesionales afines a su carrera y que sólo 11% estaba subempleado profesionalmente y un 1% se encontraba totalmente desempleado (estos porcentajes se comparan muy favorablemente en relación al resto de profesionales peruanos que ostentan un 29% promedio de subempleo y 4% de desempleo abierto). Cabe anotar, adicionalmente, que estos estimados fueron realizados con datos de la primera mitad de la década del 2000, es decir, antes del ciclo de crecimiento económico enorme que ha tenido la economía peruana y que debe haber mejorado aún más los indicadores de desempeño profesional de los abogados bien formados en el país.
En segundo lugar, es probable que, ante la ausencia de una opción técnica superior en el ámbito jurídico, en muchos casos se estén empleando abogados para la tramitación de una infinidad de procedimientos que los podría realizar eficientemente un técnico jurídico con tres años de formación teórico práctica. En este caso, el problema sería más bien la rigidez con que se maneja el menú de profesiones técnicas autorizadas por el Ministerio de Educación para ofrecerse en los institutos superiores.
En resumen, la medida de prohibir toda nueva oferta de profesionales para evitar que aparezcan malos egresados suena eficaz, pero es totalmente inadecuada desde el punto de vista económico, porque es como prohibir la filmación de nuevas películas porque se detectaron algunas películas de mala calidad. Existen y existirán siempre nuevos proyectos de educación superior muy buenos y muy malos.
Dejemos que sea el mercado y los consumidores quienes, provistos de toda la información sobre la calidad y pertinencia del caso, tomen sus decisiones libremente y premien con mayor matrícula a las universidades e institutos que hacen mejor el trabajo de detectar las demandas presentes y futuras del sector productivo y castiguen con aulas vacías a las entidades que tienden a “estafar” con carreras poco empleables a muchos jóvenes poco informados.
Artículo preparado para el Blog “El Cristal Roto” de la Facultad de Derecho de la UP, 3 de junio del 2010.
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