Hay numerosa evidencia de que el
conjunto de la educación superior en el Perú no está dando la talla a nivel nacional
o internacional, y que se necesita un sistema que promueva la calidad y
pertinencia de sus instituciones, con autonomía pero con rendición de cuentas a
sus promotores y la sociedad.
La empleabilidad de los egresados
(meta mínima indispensable para tanta inversión privada y social de recursos) está
disminuyendo, a pesar del auge de nuestra economía. Actualmente, 46% de trabajadores
con universitaria completa están subempleados en ocupaciones no profesionales.
Esta cifra era 29% hace 7 años.
Al mismo tiempo, las empresas
se quejan de la escasez de técnicos profesionales de calidad. Sin embargo, dos
de cada tres jóvenes prefiere ir a la universidad en vez de los institutos
tecnológicos. Paradójicamente, la legislación actual segmenta y castiga la
vertiente superior técnica profesional denominándola “no universitaria”.
No tenemos ninguna universidad
peruana calificada entre las 200 mejores del mundo, y nuestro país ocupa los
puestos 132 y 141 a nivel mundial en calidad de educación superior. Así no podremos
llegar al desarrollo, puesto que las siguientes fases del crecimiento económico
solo llegarán con más innovaciones y creación de conocimiento de punta.
Todo este complejo panorama
demanda reformar una institucionalidad estancada en el siglo XX, que necesita promover
la agilidad y flexibilidad necesarias para un vertiginoso siglo XXI. En este
contexto, se ha generado un álgido y polarizado debate en los ámbitos
universitarios y legislativos, a partir de una propuesta de reforma discutida
en la Comisión de Educación del Congreso.
Son muchos los temas en los que
hay que entablar un diálogo especializado y constructivo, tomando en cuenta las
mejores prácticas nacionales e internacionales, sobretodo de sistemas de talla
mundial. No obstante, hay un creciente consenso en dos ideas fuerza: la
necesidad de concebir a toda la educación superior como un sistema y el
requerimiento perentorio de información sobre empleabilidad e ingresos de
egresados de todas y cada una de las instituciones de educación superior.
Creemos que esta última medida
debe ser la primera en implementarse (la venimos proponiendo desde el 2006 y
esperamos que esta vez sí se haga realidad) pues contribuiría muchísimo a
mejorar la equidad y pertinencia de la educación superior. Hay dos formas
rápidas y complementarias de llevarla a cabo.
Primero, pedir a SUNAT y
Ministerio de Trabajo que incluyan en los requerimientos de Declaración de Renta
y Planilla Electrónica información de la carrera estudiada e institución
específica de cada profesional. Segundo, como hay alto desempleo, subempleo e informalidad
laboral, agregar una Mega Encuesta de Hogares que debe realizar PROCALIDAD del
SINEACE para capturar la situación del resto de profesionales.
Estos datos, consolidados anónimamente
por carrera e institución, deben divulgarse a toda la población por Internet y
medios de comunicación. Así se conocerá, por fin, la real empleabilidad e
ingresos de profesionales producidos por cientos de instituciones en el país, y
los jóvenes y sus familias tendrán mejor información para tomar decisiones
trascendentales de vida. Este shock de información, por sí mismo, podría generar
varios de los cambios deseables en el mercado de educación superior peruana que
todos queremos.
Publicado en El Comercio el 26 de Junio de 2013
