jueves, 20 de octubre de 2011

Pobreza y corrupción: Doble castigo

A pesar de las malas noticias provenientes del exterior, dos de cada tres peruanos no le teme aún a una nueva crisis económica mundial. Los problemas que más preocupan internamente son la persistente desigualdad y pobreza, la corrupción en todos los niveles del Estado, y la inseguridad ciudadana. Un reciente estudio que realizara con Ricardo Montero en el CIUP, bajo el auspicio del CIES, exploró de manera cuantitativa la relación entre los dos primeros temas, empleando al uso de servicios públicos como eje de análisis.

Cada ciudadano que tiene que realizar algún trámite en una dependencia estatal termina usualmente mortificado por las largas colas, por el trato descortés o simple maltrato de los funcionarios públicos y, en muchos casos, por el requerimiento de coimas para “agilizar” o hacer efectivo el servicio: 30% de los encuestados a nivel nacional reveló haber pagado coimas a miembros de la Policía Nacional y otro 8% indicó haber hecho lo mismo en las instituciones del Poder Judicial.

Encontramos que los pobres son doblemente castigados: no solo tienen menor acceso a los servicios públicos básicos, sino que gastan una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas. Por ejemplo, en el caso de la policía, la coima promedio fue equivalente a 12% de los ingresos per capita mensuales en el quintil (20%) mas pobre de la población, mientras que representó 3% de los mismos en el quintil más rico de peruanos.

Por tanto, la simplificación administrativa no solo es buena para reducir los costos de transacción y aumentar la competitividad de nuestra economía, sino también para disminuir la carga inequitativa que pesa sobre las familias pobres del país. La implementación extensiva del gobierno electrónico resulta una alternativa válida para reducir drásticamente los espacios de corrupción, gracias al avance y abaratamiento de la tecnología de la información.

La informatización de todos los procesos y trámites posibles en las instituciones públicas rebajaría sustancialmente las instancias de contacto directo del ciudadano con los funcionarios y el poder de discrecionalidad de estos últimos. También son imprescindibles sanciones más severas a los servidores estatales que cometen actos de corrupción, tales como penas de prisión efectiva e inhabilitación permanente del ejercicio de la función pública.

Artículo para El Comercio, 17 de octubre de 2011

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