En
medio de la mejor década económica que ha tenido el país, y una reducción
notable de la pobreza, un grave problema social ha persistido: la prevalencia
de embarazos adolescentes, que ha pasado de afectar a 12.7% de jovencitas en el
año 2004 a impactar a 13.9% de adolescentes en 2013. Este deterioro ha sido remarcado
hace poco en primera plana de Peru.21, pero no ha causado mayor impacto en
nuestra sociedad, lo cual es en sí mismo otro indicador alarmante.
Según
las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar, la tasa de embarazos
adolescentes en Lima pasó de 4.4% en 1991/92 a 10.6% en 2013, mientras que en
el resto de la Costa creció de 10.8% a 15.4% en el mismo periodo. Sin embargo,
regiones de Selva como Loreto y Madre de Dios y predominantemente rurales como Ayacucho
siguen concentrando las mayores prevalencias con niveles superiores al 30% (es
decir, ¡una de cada tres adolescentes ya ha tenido embarazos en dichas zonas
del país!).
Los
embarazos adolescentes, sobre todo en entornos de escasos recursos económicos y
alta vulnerabilidad familiar, causan abandonos tempranos e irreversibles de la escolaridad,
riesgos de complicaciones durante el embarazo, parto y postparto, y una gran probabilidad
de transmisión intergeneracional de la pobreza.
¿Cómo
abordar esta problemática? En un estudio para el MIDIS sobre niñez y
adolescencia indicábamos que resulta clave mejorar el acceso, permanencia y
culminación de la escuela secundaria, sobre todo inculcando proyectos de vida
positivos. Asimismo, influir en postergar la edad de inicio de la actividad
sexual, con campañas eficaces de comunicación social, ampliar el acceso a
servicios sexuales diferenciados, y disminuir la violencia física y sexual que
afecta a las adolescentes.
Se
necesita incluir efectivamente la educación sexual integral en los currículos
de escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, la mayoría de profesores y
tutores no se sienten preparados para abordar este tema. Falta mucha
capacitación y materiales audiovisuales claros, didácticos y pertinentes para
el lenguaje e interés de niños y adolescentes. La consejería y orientación debe
poder realizarse de manera grupal en los salones de clase y de manera
individual en ambientes y momentos adecuados de privacidad, tales como los
“centros de escucha” que existen en algunas localidades.
En
el caso de los establecimientos de salud, existe consenso entre especialistas
que los adolescentes requieren de servicios sexuales diferenciados,
especialmente dirigidos para ellos, a fin de poder acercarse sin temor de ser
estigmatizados o discriminados. Se les debe ofrecer espacios exclusivos y
horarios adecuados a cargo de personal especialmente capacitado.
También
existen barreras legales absurdas que impiden su atención. De acuerdo a la Ley
General de Salud, los adolescentes están impedidos de acudir a los
establecimientos de salud a solicitar una consulta sin que estén acompañados de
sus padres o que éstos hayan firmado una autorización explícita.
Por
último, la violencia física y sexual también forma parte de la compleja trama
de causantes de la alta prevalencia de embarazos juveniles en varias regiones,
y tiene que ser combatida con proactivos servicios de defensa de derechos de los
niños y adolescentes en todos los rincones del país.
Publicado en El Comercio el 17 de setiembre
2014
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